RAJOY Y LA JUSTICIA
Después de leer en los medios socialdemócratas las críticas a las anunciadas reformas que se le atribuyen a Ruiz Gallardón en materia judicial, uno se da cuenta de que el actual Gobierno ha dado en la diana con la mayoría de ellas; sobre todo con la que recupera el modelo constitucional en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En este sentido, el mascarón de proa de la izquierda protocolizada, el diario “El País”, tras un titular que reza- es un decir-“Gallardón anuncia un giro conservador”, pontificaba el pasado día 26 sobre el asunto en los siguientes términos:
“[…] recuperar un sistema de elección corporativa de una parte del Consejo General del Poder Judicial[…]”
“[…] Esa reforma supondrá la vuelta al modelo de 1980 con el que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) copó todos los cargos en el Poder Judicial y, en segunda instancia, en la cúpula judicial. En la práctica, la limitación de la designación parlamentaria del Consejo asegura el control conservador y, por tanto, del PP de la cúpula judicial, como ya ocurrió hasta la reforma legal. Solo Rosa Díez (UPyD) apoyó ayer lo que para Gaspar Llamazares (IU) es una “involución”, para Emilio Olabarría (PNV) “inconstitucional” y para Julio Villarrubia (PSOE) fruto de su entrada al ministerio como “un elefante en una cacharrería”[…]”.
En la misma línea y fecha, aunque más cargado de bombo, el diario “Público”, bajo el título “El Gobierno quita poder a las Cortes para entregárselo a los jueces”, hace gala a su vez de la verdad que esconde acerca del texto constitucional que hace referencia a la justicia, dejando al descubierto también el ideario auspiciado en relación con la división de poderes del Estado en España. El periódico de Roures entra en materia de esta forma:
“Santamaría anuncia en el último minuto de su primera comparecencia en el Congreso una reforma clave sin dar réplica a la oposición. La mayoría de los miembros del Poder Judicial serán elegidos por los propios jueces ”
Para más adelante, adornarse en estos términos:
“En el tiempo de descuento y por la escuadra del Parlamento. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, incendió anoche su estreno en el Congreso al anunciar, un minuto antes de concluir su comparecencia ante la Comisión Constitucional y sin posibilidad de réplica por parte de la oposición, el regreso al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anterior a 1985, cuando los propios magistrados elegían a 12 de los 20 integrantes de su órgano de Gobierno.”
“¿Qué fórmula desempolva el Gobierno? De 1980 a 1985, de los 20 miembros que integran el CGPJ, 12 eran elegidos por todos los jueces y magistrados en activo a través de candidaturas abiertas previa presentación de avales por un sistema mayoritario corregido, mientras los ocho restantes eran designados por el Parlamento, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. “
Lo que el periódico de “PRISA” denomina “limitación de la designación parlamentaria del Consejo” y las gentes de Roures “desempolve” es el del mandato constitucional recogido en el TÍTULO VI que en su artículo 122 dispone:
| Artículo 122. |
| 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. |
Más incisivo si cabe que “El País”, “Público” remachaba su exposición con esta facundia:
“A partir de 1986, con el socialista Felipe González al frente del Gobierno, esos 12 magistrados pasaron a ser elegidos también por las Cámaras, es decir, por la soberanía popular. Este método de elección fue retocado en 2001 con Aznar en el Gobierno. Desde entonces esos 12 miembros son elegidos por el Parlamento a partir de una propuesta de los magistrados. Con la reforma legal anunciada ayer, el Parlamento cede la soberanía a los jueces, un colectivo mayoritariamente conservador.”
Dejando al margen las opiniones de Gaspar Llamazares y Emilio Olabarría- tan elocuentes como esperadas por otra parte en las formaciones políticas por las que hablan- es de destacar la que el exministro Ramón Jáuregui expresaba en el post que el pasado 30 publicaba en su blog, . Aunque el enlace queda expedito para el lector meticuloso, cabe destacar un párrafo que ilumina el pensamiento político sobre el Estado de Derecho y la Libertad procedente de la luminaria socialista:
“[…]Bajo la ambiciosa expresión de regenerar la democracia, el Gobierno nos incluye una propuesta que ha sido recibida con alborozo por la derecha mediática: privar al Parlamento de la elección del Consejo del Poder Judicial. Por lo visto, el Parlamento contamina e intoxica al entrometerse en el sacrosanto e inviolable mundo de los jueces. Discutiremos sobre esta medida en su momento y sobre las intenciones ocultas de configurar un Poder Judicial corporativo, ajeno a la soberanía popular[…]”
Resultaría inútil pretender que Jáuregui dijese la verdad sobre el asunto- esto es que la Constitución establece que la mayoría de los miembros del CGPJ deben ser nombrados por los propios jueces-; tan inútil como que él y los “suyos” creyesen en el principio de la división de poderes en el Estado Moderno. Y es que la necesidad- como decía Montesquieu- de que por la disposición de las cosas el poder contrarreste al poder no tiene cabida en quienes encenagados de una política sectaria hacen de lo palmario afrenta.
En opuesta bancada, Gabriel Albiac le dedica a este tema su columna de “ABC” del pasado 30 de enero bajo el epígrafe “El retorno de Montesquieu” con este párrafo demoledor:
“[…]La autonomía de los poderes del Estado es condición mínima. Sin la cual no hay democracia. Cuando Sieyès formula que una sociedad que no garantiza la separación antagónica de los poderes no tiene constitución, nace el mundo moderno. Quienes lo escuchan en 1789 lo saben: el Viejo Régimen reposaba sobre el control regio de los tribunales. Dotar al Nuevo de una potestad similar, sería forjar otra variedad de despotismo. Desposeer a quien gobierna —y a los políticos en general— de cualquier potestad sobre los jueces es el único modo de evitar que blinden su impunidad frente a los ciudadanos. No es la democracia. Es su condición previa[…]”
El filósofo valenciano ya se ocupaba del atropello que supuso la “Ley Orgánica del Poder Judicial” de 1985 en el ya lejano año 97, cuando el PP acababa de ganar las elecciones generales por mayoría simple. La advertencia del profesor de la Complutense tuvo en Aznar tal acogida que tras la mayoría absoluta del año 2000 su entonces ministro de Justicia, Michavila, firmó con López Aguilar del Partido Socialista el llamado “Pacto por la Justicia” que venía a machihembrar el ataúd de Montesquieu cuya muerte ya había proclamado Alfonso Guerra en el 85 con la promulgación de la nefanda ley.
Inmisericorde con los socialistas en general y con Ramón Jáuregui en particular, José García Domínguez carga en su artículo de “Libertad Digital” del pasado día 25 contra lo que él denomina la “retroprogresía”que se rasga las vestiduras ante la futura independencia de la Justicia:
“[…] Así el ex ministro Jáuregui, ese hijo putativo del cura Merino, que ya ha amenazado con echarse al monte junto a su partida caso de que el proyecto gubernamental siga adelante. Nada extraño si se repara en que la labor de impartir justicia fue una competencia más del poder ejecutivo hasta bien entrado el siglo XIX. Al cabo, el principio constitucional –inconcebible para el criptocarlistón Jáuregui– de que un brazo independiente del Estado deba asumir ese cometido no es mucho más moderno el bidet o los cuartos de baño[…]
Refresca mucho nuestra memoria leer la última carta dominical de Pedrojota, “El desguace del Azor”, de la que entresaco estos dos párrafos:
“[…]La firme y sonora dimisión de Boyer en aquellos primeros días de julio de 1985 zanjó la cuestión y dejó el camino expedito para que Guerra consumara la agenda intervencionista que ya había ido desplegando, a base de sustituir la separación de poderes -no en vano acababa de proclamar la «muerte» de Montesquieu- por la supeditación del legislativo y el judicial al ejecutivo a partir de un común origen partidista. Pese a que juristas de tanto renombre como variada adscripción advirtieron que eso suponía reproducir la tristemente célebre gleichstaltung o «coordinación de poderes» aplicada por los nazis, Guerra siguió adelante y perpetró la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hasta entonces aplicaba en su literalidad el precepto constitucional por el que ocho de los 20 vocales del Consejo General eran elegidos por el Parlamento y los otros 12 directamente «entre jueces y magistrados».
Burlándose del ánimo de los legisladores, Guerra argumentó que la Constitución no impedía que aunque esos vocales siguieran procediendo de la carrera judicial, también fueran elegidos por el Congreso y Senado. Un amedrentado Tribunal Constitucional, al que se le acababa de doblar la mano en el caso Rumasa, terminó dando por buena la trampa saducea, balbuceando que, si bien el sistema anterior era preferible, el nuevo también cabía en nuestra Carta Magna. Es significativo que así como la izquierdista Jueces para la Democracia se opuso, junto a las demás asociaciones judiciales, a esa usurpación de sus competencias, la Alianza Popular de Fraga -imbuida de la vieja visión estatista de la derecha autoritaria- terminó votando a favor de la reforma, a cambio de controlar a los vocales de la minoría[…]”
“[…]Aún hoy me regodeo recordando la noticia que el día 25 de aquel julio del 85 transmitió lacónicamente la agencia Efe: «El presidente del Gobierno, Felipe González, y su familia iniciaron ayer un pequeño crucero por la costa portuguesa a bordo del yate Azor, de la Armada española, que fue utilizado habitualmente por el anterior Jefe del Estado». Muchos nos frotamos los ojos con estupefacción: ¡Felipe en el yate de Franco! Increíble pero cierto[…]”
“[…]Umbral solía decir que mientras el Azor siguiera por ahí como un centinela varado vigilándonos a todos, la Transición no habría terminado de verdad. Su admirado Rajoy podría, pues, resumir perfectamente el sentido de su paquete de iniciativas políticas en la próxima comparecencia parlamentaria: señorías, hemos decidido desmantelar el puto barco.”
“¿Qué fue del franquismo?” era la pregunta de aquel lejano debate televisivo de la Primera -1997-moderado por el periodista Luis Herrero, al que no se le ocurrió mejor idea que reunir entre otros en una mesa al politólogo Antonio García Trevijano y al folósofo Gabriel Albiac, ambos colaboradores por entonces del diario “El Mundo”.
El notario granadino aseguró en la tertulia que en España “se vota, pero no se elige” y que la actual Monarquía “no es constitucional, sino parlamentaria”; mientras que el catedrático de la Complutense no tuvo reparo alguno en aseverar, entre otras cosas, que el “felipismo”es “el estadio superior del franquismo”, afirmación que pudo desarrollar días más tarde en su columna del periódico dirigido por Ramírez.
Al final el desguace del yate del dictador que descansó durante años en un complejo hostelero de la carretera Burgos- Madrid, le ha correspondido efectivamente no a S. de Santamaría ni a Gallardón- que dicho sea de paso debió ser el primer sorprendido por ésta y por el resto de los reformas que atañen a su departamento- sino a Rajoy, ese eterno segundón, tantas veces denostado en este blog como mero lector de discursos en el parlamento, sin que pareciese “llegar” debidamente a rematar la faena, si exceptuamos aquella respuesta parlamentaria que le dedicó a un mohíno Ibarretxe en respuesta a su disparatado plan secesionista. Rajoy, quien ya en enero de 2011 y en una entrevista en el diario “El Mundo” le respondía a Victoria Prego en los siguientes términos:
“[…]P.- ¿Recuperará el sistema antiguo de elección de vocales del CGPJ?
R.- Nosotros defendemos que sean los jueces los que elijan a sus vocales en el CGPJ. En su día renunciamos a imponer nuestra posición en aras de un pacto con el PSOE y luego ya sabemos lo que hizo este Gobierno con ese pacto. Yo sigo creyendo que debemos volver al proceso previsto en la Constitución[…]”
La política de oídos sordos de la que en materia de justicia había hecho gala Aznar con su mayoría absoluta parece haberle servido de lección a don Mariano; como lo ha sido entre otros pronunciamientos ese “ Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial”, apoyado por 1500 jueces el año pasado.
Pásalo.
















