Ella nos hizo bailar en los setenta sacando de nuestra juventud el fuego que las pasiones encendían en medio de la oscuridad de cualquier discoteca. Entre watios y neón, un cuerpo que por entonces creíamos sin límites podía palpar curvas y sudores en medio de una espiral de energía y erotismo. Ellos dieron a las discotecas el movimiento que marcaban las caderas de John Travolta en “Fiebre del sábado noche” revolucionando el pop  de finales de esa década, mientras ya entonces nuestro celibato apuntaba a su fin en la cúspide de un plano inclinado por el que habría de deslizarse casi sin rozamiento hasta la edad en que el dolor y los recuerdos son los únicos jalones que hallas cada día.

Ahora se nos han ido. El cáncer, ese crecimiento tan nuevo como desmesurado que el cuerpo desarrolla contra sí mismo, ha terminado por llevarse a Donna Summer y a Robin Gibb, a la misma edad; a una edad que la  idiocia humana cree aún instalada en plena juventud, pero que la Naturaleza, con su tozudez habitual, sitúa en el tramo final de la vida que merece ser vivida. 

¡Quién no recuerda las canciones de la reina de las discotecas y de los “Bee Gees”! ¡Quién no disfrutó en plena inercia, cuando la música te llevaba al fin al túnel de los verdaderos sentidos y a ese desparrame supremo que sólo se halla en esos cuatro días de juventud entonces tan eternos y que hoy se ven tan lejanos! ¡Dios, cuánto tiempo ha pasado! Tanto, que sólo el pensamiento que no envejece en nosotros nos permite asegurar que fuimos protagonistas alguna vez de lo que sólo fue una ensoñación de lo frenéticamente pasajero de nuestra vida.

Apuntando tan alto como en el último ABERRI EGUNA del 7 de abril de este año, a Iñigo Urkullu, el actual Presidente del PNV, no le han sentado nada bien las recientes maniobras del Ejército en la localidad guipuzcoana de Elgeta. Sólo hay que ver el vídeo correspondiente para hacerse uno cargo de la “afrenta” que para esta gente supone que las Fuerzas Armadas realicen su entrenamiento en esta parte del territorio nacional que los abertzales  consideran de su propiedad, aprovechando además la ocasión- como suele ocurrir casi siempre en estos casos-  para establecer paralelismos tan relativistas como indeseados. En 2009 la bandera nacional fue colocada en la cumbre del Gorbea durante una marcha militar realizada el 18 de junio por una compañía del Regimiento Garellano, con sede en el acuartelamiento de Munguía (Vizcaya). Ante tales hechos, Iñigo Urkullu organizó y lideró una marcha montañera el 4 de julio siguiente por haber autorizado Defensa tales maniobras militares y permitir que culminaran con la tradición de poner la bandera de España junto a la cruz de hierro que se alza en la cima del Gorbea, la llamada “Cruz del Gorbea”.

Y a José Luis Bilbao, el Diputado General de Vizcaya, no le sienta nada bien la “marca España” que por lo visto y oído en el  pleno de Juntas Generales celebrado recientemente en la casa de juntas de Gernika no le favorece en nada a Vizcaya y a Euskadi. De poco o nada sirve que el Lendakari López le diese respuesta desde la Cámara de Vitoria: “Los vascos cobran las pensiones gracias a la solidaridad española”, en referencia e ese déficit de Seguridad Social en Euskadi cifrado en más de 800 millones de euros.Esta gente está a lo que está. Cuando Ibarretxe presentó su plan en Las Cortes- que entre otras cosas reclamaba la caja de la Seguridad Social para el País Vasco-, la deuda correspondiente al ejercicio de 2004 ya superaba los 200 millones de euros. Él lo sabía. Ellos los sabían. Sabían que aquello no saldría aunque lo plantearon, sobre todo ante su público, muy necesitado, a lo que se ve, de dosis periódicas de frustración.

En este tipo de declaraciones en que los nacionalistas vascos tratan siempre de desmarcarse de España se van alternando distintos personajes según el momento. E incluso, distintos partidos que a veces ni pertenecen aparentemente a la órbita abertzale. A uno le queda en mente cómo por ejemplo el ínclito ex consejero del Gobierno Vasco, Javier Madrazo, se apresuraba a subirse al púlpito de la protesta, siempre que el Ejército de Tierra realizaba unas maniobras en tal o cual sitio, o un buque de la Armada atracaba en el puerto de Santurce, con esa furibundez de la que siempre hacen gala los conversos, adelantando a sus guías en la falda del monte.

Estas cosas de los nacionalistas vascos vienen ya de lejos y coincidiendo con la puesta en escena del frontispicio electoral tienden siempre a exacerbarse: Reclamar lo que nunca tuvieron para que la demanda jamás se pueda ver satisfecha. Por no haberlo tenido, lo desconocen, y cuando se anhela lo que se desconoce el objeto se idealiza tanto que el deseo no puede verse colmado. Ese objeto de deseo se sale por supuesto del marco “España”, que actúa como competidor, a la vez que no tiene alcance fuera de ella. Es decir, un tirabuzón imposible que constituye sin embargo para unos pocos una forma de entender la política como retórica del victimismo- en tanto que su auténtico modo de vida- mientras que para otros muchos- sus votantes- es un  mar de frustaciones que llevan a la melancolía y al avinagramiento.

Los nacionalistas forman parte, junto con la izquierda protocolizada, de los que hubieran sido llamados por su posicionamiento político a coadyuvar en la caida del general  Franco. Tal cosa no sucedió, y, por tal motivo, nunca han podido perdonar a la gente del anterior Régimen que haya sido ésta y no ellos quienes a España- en su jerga el Estado Español- trajeron la democracia después de la muerte del dictador. Los restos del Movimiento acertaron no obstante en la generosidad, aunque errando el cálculo con las consecuencias que su acto de entonces iba a significar en los comportamientos posteriores de sus emergentes adversarios políticos: al elegir la fórmula  del “Hemos ganado pero nos rendimos”,  las Cortes Franquistas, en cuyos bancos se sentaban no sólo personajes que pasarían a formar parte posteriormenete de la derecha democrática sino el propio timonel de la Transición, renunciaron a capitalizar el harakiri que supuso para ellas la aprobación de la Ley para la Reforma Política, con la que se “desataba” el Régimen dando paso al advenimiento de la democracia en España.

Pero aquel suicidio político de nada sirvió ante el resentimiento de quienes nunca iban a asumir ni su derrota en la Guerra Civil ni su incapacidad para haber evitado  que el General terminase muriendo en la cama sin haber sido antes depuesto, ni siquiera que la nueva derecha española les hubiera concedido de facto a estos “antifranquistas” sobrevenidos una suerte de victoria moral sobre la extinta dictadura así como el papel de paladines de una libertad recobrada. Este rencor llevó sobre todo a la izquierda de posguerra, pero también  a los  nacionalistas, a imponer social y políticamente en España una clase de supremacía ética para hacer herederos de la Dictadura a los partidos conservadores nacionales surgidos en la Transición, a quienes colocaron el sambenito de “fachas”, término con el que aún hoy se los identifica en los sectores más reaccionarios.

El mantenimiento como forma de Estado de una Monarquía que, entroncada con el régimen anterior, aplacase las reticencias en las salas de banderas necesitó de un contrapeso de homologación de la Carta Magna ante la Izquierda y los nacionalistas, lo que supuso la inclusión en aquélla, sobre todo, del controvertido Título VIII, que consagraba  la organización de un Estado autonómico. Digo sobre todo, aunque no únicamente, siendo de resaltar disposiciones que con el paso del tiempo fueron las costuras que acabadas en su día con pespuntes están terminando de reventar dejando casi en carnes el texto constitucional.

Así por ejemplo el artículo 2 de la Constitución:

“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

Los ponentes constitucionales, Gabriel Cisneros, Manuel Fraga, Miguel Herrero, Gregorio Peces, José Pedro Pérez LLorca, Miguel Roca y Jordi Solé Tura, jamás lograron explicar la diferencia entre “nación” y “nacionalidad” porque no la había. En principio la expresión “nacionalidades”parecía la coba que servía  a las ínfulas de independencia de los nacionalistas, pretendidamente embridadas en el momento histórico de 1978. Sin embargo lo que pareció tomarse en sentido lato resultó ser  la bomba con temporizador que, diferida en el tiempo, habría de explotar cuando lo fáctico terminara por adaptarse al devenir histórico, y el significado de las palabras lo fuera en la literalidad de las mismas y no en su sentido figurado. Muy pronto, ya en la COMlSlON DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LIBERTADES PUBLICAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, en sesión celebrada el 5 de mayo de 1978, algunos de los ponentes de la Constitución interpretaron durante el debate que el concepto constitucional “nacionalidad” es sinónimo al de de “nación”.

Así Manuel Fraga decía:

El concepto de nación no se puede acuñar a voluntad; no basta una particularidad lingüística, étnica o administrativa; sólo la suma de un gran territorio compacto, de tradición cultural común y con proyección universal; una viabilidad económica; una organización política global, probada por siglos de Historia, sólo eso constituye una nación. Y no es el momento de volver sobre el hecho indiscutible de que nación y nacionalidad es lo mismo.

Y Gregorio Peces, más saleroso si cabe rizaba más el rizo:

Pero, centrándonos ya en el tema «nacionalidades», tengo que decir que nosotros no participamos del catastrofismo con que se enfoca en la enmienda que combatimos y en la inteligente intervención que el señor Silva ha hecho para defender su posición. Primero, nosotros hemos dicho en Comisión, y lo afirmamos de nuevo aquí, que el término «nacionalidad» es un término sinónimo de nación, y por eso hemos hablado de España como nación de naciones.

Y qué decir del “florentino” Miguel Roca, barriendo para casa:

Nación de naciones es un concepto nuevo, es un concepto -se dice- que no figura en otros Estados o que no figura en otras realidades, quizá sí; pero es que, señores, ayer ya se decía que nosotros tendremos que innovar. Y no es necesario; en los procesos de pura asimilación histórica no se trata de saber si los otros han resuelto de una o de otra manera sus propios problemas. Lo que estamos intentando es encontrar soluciones propias a los problemas propios. El ignorar que el problema de las nacionalidades ha mantenido en vilo la estabilidad democrática de las instituciones españolas, desde hace centenares de años, es un grave error.

Por supuesto Jordi Solé Tura- PCE- no podía ir a la zaga:

Se define, en consecuencia, que España es una nación de naciones, y éste es un término que no es extraño en nuestra reflexión política y teórica como han demostrado algunos historiadores. Me refiero al Senador Catalán Josep Benet, que ha escrito un sugestivo artículo sobre el tema, ni es un término que política y sociológicamente sea tampoco tan extraño.

Así por ejemplo el ya mencionado Título VIII, que recoge como digo la organización del Estado en Comunidades Autónomas y que no fue precisamente la disposición más afortunada,  tanto por parte de los ponentes como de los que como cuerpo legislativo la aprobaron posteriormente en comisiones y plenos. Esa vanidad que algunos “sabios constituyentes” pudieron destilar en la Comisión no impidió a casi nadie comprobar que cuando Adolfo Suárez  envió a estos “Padres de la Constitución”- con Manuel Fraga a la cabeza  – al parador de Gredos, ya se había impuesto la vía de hecho: el Presidente había mandado llamar a Tarradellas restaurando el gobierno provisional de la Generalitat de Cataluña en septiembre del 77. En enero de 1978 se aprobaron los dos Reales Decretos-Leyes relativos al País Vasco y a Navarra;  en el mes de marzo se aprobaron las preautonomías de Galicia, País Valenciano, Aragón y Canarias y en el mes de abril la de Andalucía. Con posterioridad se constituyeron Castilla-León, Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias, Murcia, Navarra y Extremadura. Lo que al final resultó ser un “café para todos” ni terminó de colmar las ansias secesionistas de unos ni evitó que prendiera en otros una llama reivindicativa que se había creido inerte. Ello a pesar de que la Disposición Transitoria Segunda de la Carta Magna señalaba las diferencias entre comunidades con una prelación hacia las que se consideraban más genuinas en el autonomismo periférico y que pasaron a denominarse “nacionalidades históricas”: 

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. 

De esta manera Cataluña, Euskadi y Galicia accedieron a la autonomía por el 151- posteriormente lo hizo Andalucía por otros motivos-, mientras que el resto lo hicieron por la llamada “vía lenta”, del 143. 

Así por ejemplo la Disposición Adicional Primera  que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” y que consagró la existencia de esos supuestos “derechos históricos” para los que- en palabras de Aurelio Arteta- “nada cuentan los hombres a quienes se adjudican”, “se trata de derechos naturales  y tan inmutables como estos” y  “parecerían de hecho supraconstitucionales, puesto que ni siquiera están sometidos a los procedimientos de reforma  a los que la norma máxima se atiene”. Por eso quienes no votaron la constitución siempre se sintieron imbuídos de esa especie de derecho primigenio e inalterable al que un determinado “pueblo” se ha hecho acreedor por haber nacido en un determinado sitio.

No extraña así que se hayan sentido heridos por esas maniobras del Ejército aludidas, coincidiendo precisamente con el aniversario del bombardeo de la villa de Gernika por la Legión Cóndor ni que se prodiguen en retórica para proclamar el encorsetamiento que para ellos supone esta España de la que reniegan: ni éste es su ejército, ni ésta su constitución, ni nosotros su pueblo.

Aunque determinadas proclamas se han hecho ya doctrinarias, cuando se dispone de un vídeo de esta gente casi siempre hay lugar para lo accesorio, algo que trate de acicalar lo que no es más que un discurso rancio: es esa modalidad que gentes que no tienen otra cosa que hacer pero que viven de ello han puesto de moda para que abanderados progresistas la repitan hasta la extenuación en esos bucles dialécticos que harían imposible el lenguaje coloquial. Este denominado “lenguaje no sexista” o “visibilidad de lo femenino” siempre es susceptible de alcanzar un escalón más alto en el despropósito del verbalismo oficial. Con la instauración, o casi,  por parte del orador Urkullu de ese “nosotras” y “nosotros” se ha dado paso a una suerte de hermafroditismo antropológico. Y es que nada mejor para la integración de lo femenino que hacer portadora de ambos sexos a la misma persona. Lo que empezó siendo como una anécdota en boca de ese hidrólogo que sienta- o sentaba- sus reales en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo ha prendido en quienes necesitan armarse de progresismo para maquillar lo que no son sino vestigios del Ancien Régime.

El pasado 18 de este mes, Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco y aliado de López en la presente legislatura, se ha despachado a gusto contra su socio, por unas críticas que el dirigente socialista había dirigido al Gobierno de la Nación. Las declaraciones del parlamentario autonómico “popular” son reveladoras de lo que guardaba en su interior y no soltó hasta ahora en relación con el Presidente Vasco . Después de su “refulgir” ante las cámaras, y como suele ocurrir con la mediocridad política española, trató de rectificar sin hacerlo debidamente, quedando todavía peor.

No tengo casi nada a favor del Lendakari López: el pacto de legislatura con el PP en Euskadi- quizá auspiciado por él- ha resultado ser más pretencioso que efectivo en relación con las metas que en él se marcaban. Más sombras que luces tras rendirse después de haber ganado y en disposición de dejar una comunidad más nacionalista que la que se había encontrado.

Ello no obsta para que debamos pasar por alto estas declaraciones de su aliado y contrincante don Antonio, cuando refiriéndose al actual Lendakari dice de él que “tiene fama de ser poco laborioso y de tener menos títulos académicos que Homer Simpson”.

Uno piensa que este caballero debiera haber ponderado esas “virtudes” antes de suscribir con los socialdemócratas vascos el pacto de legislatura, a no ser que pretendiera ejercer algún tipo de tutelaje centrado en el propio elitismo.

Sea lo que fuere, para lanzar una crítica al estilo, tanto en política como en cualquier otro orden de la vida, tienes que estar bien pertrechado y haberte llenado de razón. Desconocemos el índice de laboriosidad de López, tan al alcance de Basagoiti, por lo visto. Sabemos por los datos publicados en Internet que tras abandonar en primer curso la carrera de ingeniero industrial ya se metió en política, de la que ha estado viviendo hasta nuestros días. Es decir no ha trabajado en ningún sitio. Basagoiti, en cambio, debe ser mucho más trabajador, según él, aunque a los 26 años- datos biográficos de Wikipedia- ya estaba viviendo de la política, también como su oponente, hasta nuestros días.

De sus inicios como concejal en el ayuntamiento de Bilbao sabemos lo que le dijo en el transcurso de un debate el alcalde Azkuna- “ a su edad- no es textual- yo estaba trabajando”.

Pero donde desborda Antonio a Patxi es en el apartado académico: licenciado en derecho por Deusto. Yo creo que es esto precisamente lo que pretendía resaltar, y que es vicio común en tantos españolitos de hoy: la titulitis. Es decir, él es licenciado en derecho y el otro, con perdón, nada. Por lo tanto, a callar.

Al margen de esa pretenciosidad ante la televisión, tan alejada del talento, y sin el respaldo de un auténtico currículo profesional, sus problemas con la dicción, su escasa capacidad para memorizar unas palabras, su dificultad con la lectura y su mínima aptitud para la retórica son impropios de un profesional de la palabra hablada, y resultan esclarecedores del nivel intelectual que el protagonista debiera atesorar tras su paso por la Universidad de Deusto.

Cuando surgen determinados debates relacionados con la Casa Real, casi nunca se pone en cuestión la figura del Jefe del Estado y de la Institución que encarna. En el caso de esta diáspora cinegética de Juan Carlos de Borbón en África, que ha traído como consecuencia una fractura de cadera y el consiguiente traslado del Rey para ser intervenido de urgencia en un hospital madrileño, se ha hecho general el rasgado de vestiduras del personal focalizando el dispendio caceril entre la quasi ruina económica en la que se ve inmersa España en estos momentos.  Llama poderosamente la atención que sea desde el colectivo progre, que hasta ayer ejercía de apuntalador de una Institución que iba navegando ya con una gran vía de agua, desde el que se haya llegado a pedir la abdicación del Rey. No se habían arredrado- los progres- con  el escándalo Urdangarín y todas las conexiones del caso sacadas a la luz por la prensa escrita del momento, y que no es preciso explicitar ahora aquí: El discurso del Rey en la última Nochebuena, con aquella frase que encandilaba más a los editorialistas y voceros de la cosa que a la opinión pública- “Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética es natural que la sociedad reaccione”- suponía para esta especie de cortesanismo juancarlista patrio la confirmación no sólo de que la cabeza de la Institución Monárquica estaba al margen de los nada claros negocios del duque sino que sancionaba estos últimos como producto de una conducta nada ejemplar, en palabras del Jefe de la Casa del Rey.

De esta expedición de caza al proboscídeo se conoce casi nada, tanto del viaje en sí, como de la génesis del accidente y sobre todo del encuadre institucional de una salida de “vacaciones” del Jefe del Estado al extranjero. Sin embargo la selva de tinta y papel es tan profusa como la hojarasca de voces que piden desde una solicitud de perdón a la opinión pública por parte del Rey hasta la propia abdicación del monarca. Los españoles suelen tirarse a la piscina con frecuencia antes de averiguar si está llena y lanzar proclamas fáciles en medio de la improvisación y hasta de la ignorancia.

Por eso hemos recurrido a las fuentes para que nos arrojen algo de luz acerca del contexto legal en que estos acontecimientos se han producido. La primera fuente, como no puede ser de otra forma, es el propio texto constitucional del 78. La esclarecedora, surgida a raíz de estos hechos, la pudimos encontrar en el diario “El Correo” de Bilbao, el pasado día 17, en un artículo del  profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Pais Vasco, don Javier Tajadura, tan revelador como pedagógico, sobre la figura constitucional del Rey, de sus actos tanto públicos como privados y de la responsabilidad de los mismos, que afectan de lleno en este como en otros casos al Presidente del Gobierno.

Como colofón queda la mencionada reseña de la Constitución:

De su Artículo 56.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64 careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

De este último:

Artículo 65.

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

Del Artículo 64.

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Y ya por último para los listillos de las abdicaciones exprés, un pequeño recorrido por el

Artículo 57.

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley orgánica.

A pesar de que a su salida hoy de la clínica en la que fue atendido el Rey se ha dirigido a la prensa disculpándose, “Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir”, no se le puede pedir al Rey que pida disculpas y mucho menos que abdique- en el supuesto de que tal precepto constitucional se hubiese ya desarrollado en la consiguiente ley orgánica-  porque no es responsable de lo que ha hecho, sea ello reprobable o no. La responsabilidad, como se ha dicho, es del Presidente del Gobierno, a quien le compete dar en todo caso cuenta  última de estos hechos. Y es que, como muy bien dice el profesor Tajadura, “[…] Si el presidente del Gobierno no considera apropiada determinada conducta, tiene la obligación constitucional de comunicarlo al Rey. Si no lo hace, él debe asumir la responsabilidad por el error regio. Ahora bien, si lo hace y no es escuchado, es evidente que el error podrá y deberá ser imputado al Rey. Y en ese caso sólo cabe recordar que los símbolos no se equivocan, simplemente desaparecen […]”  

Agradezca Rajoy el gesto del Rey que le evita al Presidente del Ejecutivo la situación embarazosa de las inverosímiles explicaciones de turno. Mientras tanto, que los españolitos, tan sentimentales ellos, se vayan apiadando del monarca por su gesto, sin saber- como siempre ocurre- qué es lo que ocurrió en esos días “moscosos” en los que el Rey se fue de safari a Botsuana.

Las victorias de Pirro contra las legiones romanas llegaron a tener para él tan alto coste en vidas que le hicieron al rey exclamar : “Con otra victoria como ésta, estaré perdido” . Dramática ironía para terminar por reconocer cómo en tantas ocasiones, y no sólo en el campo militar, quien gana pierde y el que pierde termina por ganar. 

El centro derecha español ha visto cómo su triunfo electoral en Andalucía se conviertía  en derrota mientras  la de su adversario político suponía de hecho una victoria que no habiendo conseguido en las urnas le va a permitir sin embargo formar gobierno con IU. 

Las pasadas elecciones andaluzas ganadas por tan estrecho margen que le impiden al PP hacerse con el poder se convierten así en una victoria pírrica a pesar de haber logrado por primera vez en la democracia desbancar al PSOE como partido más votado. Pero habiéndose dejado querer por unas encuestas que les concedían la mayoría absoluta antes de las elecciones, los “populares” fueron condenados  después de las mismas al fracaso  cuando los votos no llegaron a ratificar los cálculos preelectorales. 

Las razones de esta “triste” victoria hay que buscarlas en la estrategia electoral, en cómo se desarrolló su propaganda y en cómo determinados políticos se hace o no entender: saber comunicarse con la gente haciéndole ver la diferencia entre sondeos y urnas no está por lo visto al alcance de esta gente. 

El clamoroso silencio de la derecha cuando tiene que dejarse oir viene ya de largo. Aznar por ejemplo nunca supo explicar por qué la zozobra del Prestige no era cosa suya; tampoco supo decirle a la gente las razones de aquel envío de tropas a Iraq ni por qué él no era el autor de los atentados del 11-M en Madrid que le costaron al PP las elecciones de 2004. Mucho menos supo explicar lo del decretazo – Decreto-ley 5/2002 de 24 de mayo -, donde se abordaba una reforma laboral menor. Los sidicatos le montaron entonces una huelga general; su ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, salió del Ministerio dando un portazo, el TC anuló por “inconstitucional” el referido decreto-ley, y Zaplana, de Presidente entonces en la Comunidad Valenciana, se vió obligado a acudir a la llamada del Presidente del Gobierno  para ponerse al frente de aquella cartera al suponérsele una mayor cintura política para el diálogo con las centrales sindicales mayoritarias. 

Conocer las reglas de la gramática, construir un discurso según las mismas y dirigirse a un auditorio con dignidad y elegancia no es suficiente en política. Es lo que hace sin ir más lejos la señora Sáenz de Santamaría, a quien le incumbe la respuesta del Gobiero a las interpelaciones de los grupos de la oposición en el Congreso y las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros: su discurso, que puede llegar a cautivar al papel en el que está impreso, pierde en la verbalización, no se hace notable en su pedagogía y se desvanece con una dicción apresurada y una retórica de escaso brillo. 

A su jefe, el actual Presidente del Gobierno, se le conoce un discurso, más que aseado sobre el papel, cuando el 1 de febrero de 2005 se opuso en Las Cortes al Plan Ibarretxe. Pero sin la brillantez de la oratoria que el autor de un escrito es capaz de imprimir a sus palabras, aquél perdía en la lectura poniendo en duda que la autoría  del mismo y su ponente fuesen la misma persona. Un texto que rayaba en la excelencia perdió así luz con una lectura monocorde ante un hemiciclo y una situación que eran deudores de un mayor entusiasmo en la actitud y una mayor contundencia en la oratoria. 

La ausencia casi absoluta de propaganda incisiva cuando se carece de eslóganes reivindicativos que comunicar es consustancial a la derecha española como lo es dirigirse a la concurrencia con escasez didáctica y falta de rotundidad. Es la diferencia entre políticos que “muerden” la calle porque es lo único que tienen y aquellos a los que les puede una ascendencia tan confortable que les impide la inmersión productiva en el tráfago electoral.

 I

Ciertas referencias que Juan Roig, presidente de Mercadona, acaba de hacer en unas manifestaciones en relación con la crisis económica no han caído bien en algunos sectores de la prensa escrita. En concreto, aquellas que se refieren a los bazares chinos: 

 “Hay un gran comercio en España con gente muy admirable que son los bazares chinos. Una de las grandes cosas que descubrimos es que estos productos [cubos y barreños] en los bazares chinos los vendían a la mitad de precio que Mercadona. Cada vez hay más bazares chinos porque hacen la cultura del esfuerzo que nosotros no hacemos. En España ya hay 7.000 bazares chinos que nos causan una gran admiración y estamos aprendiendo de ellos. (…) En este producto hemos hecho reingeniería y hemos bajado los precios a la mitad”.  

Algunos no pueden soportar esa cita que habla de la cultura del esfuerzo como modelo para la salida de la crisis, con el peregrino argumento de que «¿Chinos? Ya lo fuimos. Ya tuvimos bazares atiborrados, con su olorcillo”. Les puede por el contrario su inquina y sacan del contexto de las declaraciones del empresario valenciano aquello que más impacto puede causar en el personal, silenciando aspectos más interesantes que la pura mención a esa cultura oriental. 

Por el contrario, queda como más mejor atender al modelo alemán, sin caer en la cuenta, claro, de que el camino de Alemania está hecho no sólo de esfuerzo y laboriosidad sino de algo más. 

Aparte de algún que otro “Salto atrás” poniendo a parir a Roig, si quisiéramos emular a los alemanes tendríamos que empezar por reconocer  que nosotros, los españoles, al contrario que ellos, creamos bien poco. El know how no es nuestro fuerte. Por eso quizá estén los bazares más a nuestro alcance que la alta tecnología  centroeuropea. Somos un país pobre. Siempre lo hemos sido. Lo hemos sido cuando teníamos “bazares con su olorcillo” y ahora también. Hemos estado viviendo precisamente de Alemania en los cincuenta, entre bazares y emigración, y después hemos vuelto a vivir de Alemania con nuestra entrada en la Unión, cuando “España iba bien” y los fondos llegaban aquí a raudales. Somos un país pobre, aunque eso sí, con ese exceso de titulitis que a muchos les ocasiona sarpullido cuando alguien menciona que hemos dejado de recoger naranjas, y con ese tufillo que terminan por dejar siempre tras de sí quienes no soportan a los que llegan a triunfar en su trabajo. La envidia se desparrama entonces en pretendidas analogías que, de hirientes, terminan por volverse contra el que las usa como argumento.

En tecnología no hemos pasado de ser meros aplicadores de productos. Políticamente, socialmente,  ni tan siquiera sabemos lo que somos, y en medio de nuestra sed de tantas cosas, somos incapaces de racionalizar el reparto de las cuatro gotas de agua de que disponemos. 

Tenemos  un Estado que de mal organizado no podemos  mantener, y cuando no nos alcanza el dinero ni para lo más imprescindible, vienen de fuera a mostrarnos la cruda realidad que se ha de imponer a la esperanza: estamos dejando así de mirarnos el ombligo a pesar de que algunos parecen resistirse a levantar la vista. Son los mismos  que, incapaces de plantear otra cosa que no sean interrogantes sin respuesta, se dedican, como digo, a poner a parir a Juan Roig. 

II 

 En el último programa de “El Gran Debate” que cada sábado conduce en Telecinco Jordi González se dio un bronco enfrentamiento entre  Antón Losada, profesor de la USC y el empresario José Antonio Segurado, en el curso del debate en torno a la nueva Reforma Laboral del Gobierno. 

La mesa de debate la componían a la izquierda Isabel López, de UGT, la periodista María Antonia Iglesias, el diputado del PSOE Antonio Miguel Carmona, y el profesor  y ex dirigente del BNG Antón Losada. Y a la derecha, la economista Carmen Tomás, la diputada del PP Carmen Álvarez, el fundador y presidente de honor de CEIM José Antonio Segurado y la abogada Montse Suárez. 

Como adjuntamos el correspondiente enlace de “Periodista Digital”, dejamos a la paciencia de cada uno la lectura de los “piropos” que la señora Iglesias le pudo dedicar a la abogada Álvarez a la que empezó acusando de pertenecer a la extrema derecha, como si tal cosa fuese constitutiva de algún tipo de delito. La descalificación, cuando no el insulto, de María Antonia Iglesias hacia todo aquel que sentado enfrente no sea de su cuerda ya viene siendo una constante en los programas en los que interviene. Y siempre ocurre que sus interlocutores terminan equivocadamente por dirigirse a ella en tono ciertamente comprensivo, lo que no hace sino soliviantarla aún más al saber los motivos de esa indulgencia. 

Pero lo más sonado de la noche fue como digo el enfrentamiento entre Losada y Segurado. En un esfuerzo por elevar el cuadro docente de la universidad española a la excelencia, Losada cruzó el Rubicón del pensamiento económico al lanzar ante el estupor de Segurado la afirmación de que no son los empresarios los que crean empleo. Como el chaparrón del empresario lo cogió sin paraguas negó inmediatamente ante el estupor general que él hubiese dicho tal cosa. 

Para los que presenciábamos el espectáculo, y por si aún quedase alguna duda de que estábamos ante un ilustre representante de la docencia universitaria, Losada se erigió en docente voluntario extra aulas para condenar a Segurado al suspenso en un tono rayano en la petulancia:  

“Llevo 20 años en la universidad española y si usted fuera uno de mis alumnos no me quedaría otra que suspenderle”. 

No conocemos las andanzas de este docente por la Universidad de Santiago, aunque de su faceta política como segundo de Anxo Quintana, cuando éste ocupaba el cargo de vicepresidente de la Xunta de Galicia en la etapa en que el BNG formó gobierno con el PSDG, hemos de hacernos eco de la información aparecida en el diario “El Correo Gallego” en su edición del 7-9-2007, que hacía referencia a la dimisión de este caballero a raíz de aquella propuesta de que los niños hasta los tres años saliesen de las galescolas conociendo el himno gallego. 

En marzo de ese mismo año el diario “Libertad Digital” publicaba una información según la cual Antón Losada había despedido a su asistenta sin indemnización: 

“En el día de la Mujer Trabajadora, Amalia Castro González ha querido denunciar públicamente que el “número dos” de Anxo Quintana, el vicepresidente del Bloque Nacionalista Gallego de la Xunta Galicia, la ha despedido sin indemnización por pedir un aumento salarial, después de ocho años trabajando en su casa sin pagarle la Seguridad Social. Lo más escandaloso es que Antón Losada se dedica estos días a presentar campañas por los derechos de la mujer y, sobre todo, el reconocimiento del trabajo en el hogar. […]” 

Claro que quien es capaz de negar ante las cámaras de televisión lo que acaba de decir no tendrá problema alguno para aducir que tales hechos nunca tuvieron lugar. El relativismo casa en ciertos personajes una idea con su contraria y la defensa de los trabajadores ajenos con el despido de la empleada de hogar propia.

Cuando Alfredo P.R.  soltaba su discurso como candidato a la Secretaría General del PSOE en el 38º Congreso de Sevilla, en el que, emulando al Alfonso Guerra de los mejores tiempos, y a modo de espantajo, se dedicaba a aventar las consabidas soflamas contra curas y banqueros, ya  el Consejo de Ministros del viernes último había aprobado el decreto de saneamiento del sector financiero para “clarificar- en palabras del Gobierno-  el panorama y situar la valoración de activos[ inmobiliarios] en una posición más acorde con la del mercado”, decidiendo además llevar a cabo una drástica reducción en los sueldos de los directivos de las entidades financieras que hubieran recibido ayudas públicas.

Sabemos que los mítines del PSOE son para consumo interno y que hacer las delicias de los viejos nostálgicos forma parte del atrezzo. Podíamos incluso imaginar un cierto ejercicio de cinismo en quien fuera capaz de pronunciar aquella frase del 13-M, tras los atentados terroristas de Madrid: “los españoles merecen un Gobierno que no les mienta”. Pero no que quien se cree el más listo de la parroquia trajera de casa preparado un discurso que horas antes el ministro de economía de un gobierno de la derecha había dejado sin contenido. Cuando ante sus incondicionales atacaba a los bancos, a quienes identificó como  “los nuevos caciques del siglo XXI”, ignoraba por lo visto que ya en ese momento había sido desbordado por la izquierda con las reformas anunciadas por Luis de Guindos.

En relación con esa merma en sus nóminas, es de destacar – tal como recoge la prensa del día 4 de febrero- “la indignación  que recorrió ayer un buen número de despachos de las plantas nobles de diversos grupos de cajas de ahorros.”

“Esto no cabe en la cabeza de nadie, la responsabilidad de un directivo es bestial, dirigimos a miles de personas, y 300.000 euros no es precio a pagar por sacar esto adelante”.

¡Con un par!. ¡Y en ciertos casos, gentes que dejaron a las entidades que dirigían con profundos agujeros, a la vez que se llevaban indemnizaciones millonarias!

Estoy pensando en el presidente de una afamada entidad madrileña- antes caja, ahora banco, pobrecillo él, que venía cobrando 3,4 millones de euros,  y al que se le adelgaza la nómina que le quedará en los 600.000, que viene a ser el tope de ahora. No me extraña que protesten, la verdad.

3,4 millones de euros al año vienen a ser  más de 565 millones de pesetas; los que divididos por los 365 días que tiene el año arrojan una cifra de más de millón y medio de pesetas  al día, lo cual no está nada mal.

A lo que se ve, y más allá de los mítines de turno, cuando la izquierda ocupa el Gobierno su trato con la banca resulta más que indulgente. Por eso tanto las valoraciones de los activos inmobiliarios en sus balances como las ya mencionadas cifras “salariales” de según qué altos cargos debieron respoder a esa indulgencia por parte del Gobierno Zapatero; la misma de la que gozó el alto cargo del banco de Botín,  Alfredo Sainz, a quien el Ejecutivo tan de “progreso”  indultó en noviembre pasado. No obstante, y si se me permite tirar de refranero español, quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro, Emilio Botín, con esa puesta en escena tan de rico y esa jocosidad tan suya, se apresuró el otro día a echarles la culpa de esto de la crisis a los políticos, a “los políticos… no voy a concretar.”

Como digo, contra la banca, y por supuesto contra la Iglesia Católica. Aunque ni en los trece años de González-los primeros ocho con mayorías absolutas-ni en los ocho de Zapatero tuvieron agallas para llevar a cabo la revisión del Concordato con la Santa Sede que ahora reclaman.

¿Por qué será?

Después de leer en los medios socialdemócratas las críticas a las anunciadas reformas que se le atribuyen a Ruiz  Gallardón en materia judicial, uno se da cuenta de que el actual Gobierno ha dado en la diana con la mayoría de ellas; sobre todo con la que recupera el modelo constitucional en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, el mascarón de proa de la izquierda protocolizada, el diario “El País”, tras un titular que reza- es un decir-“Gallardón anuncia un giro conservador”, pontificaba el pasado día 26 sobre el asunto en los siguientes términos: 

“[…] recuperar un sistema de elección corporativa de una parte del Consejo General del Poder Judicial[…]” 

“[…] Esa reforma supondrá la vuelta al modelo de 1980 con el que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) copó todos los cargos en el Poder Judicial y, en segunda instancia, en la cúpula judicial. En la práctica, la limitación de la designación parlamentaria del Consejo asegura el control conservador y, por tanto, del PP de la cúpula judicial, como ya ocurrió hasta la reforma legal. Solo Rosa Díez (UPyD) apoyó ayer lo que para Gaspar Llamazares (IU) es una “involución”, para Emilio Olabarría (PNV) “inconstitucional” y para Julio Villarrubia (PSOE) fruto de su entrada al ministerio como “un elefante en una cacharrería”[…]”. 

En la misma línea y fecha, aunque más cargado de bombo, el diario “Público”, bajo el título “El Gobierno quita poder a las Cortes para entregárselo a los jueces”, hace gala a su vez de la verdad que esconde acerca del texto constitucional que hace referencia a la justicia, dejando al descubierto también el ideario auspiciado en relación con la división de poderes del Estado en España. El periódico de Roures entra en materia de esta forma: 

“Santamaría anuncia en el último minuto de su primera comparecencia en el Congreso una reforma clave sin dar réplica a la oposición. La mayoría de los miembros del Poder Judicial serán elegidos por los propios jueces ”

Para más adelante, adornarse en estos términos: 

“En el tiempo de descuento y por la escuadra del Parlamento. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, incendió anoche su estreno en el Congreso al anunciar, un minuto antes de concluir su comparecencia ante la Comisión Constitucional y sin posibilidad de réplica por parte de la oposición, el regreso al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anterior a 1985, cuando los propios magistrados elegían a 12 de los 20 integrantes de su órgano de Gobierno.” 

“¿Qué fórmula desempolva el Gobierno? De 1980 a 1985, de los 20 miembros que integran el CGPJ, 12 eran elegidos por todos los jueces y magistrados en activo a través de candidaturas abiertas previa presentación de avales por un sistema mayoritario corregido, mientras los ocho restantes eran designados por el Parlamento, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. “ 

Lo que el periódico de “PRISA” denomina “limitación de la designación parlamentaria del Consejo” y las gentes de Roures  “desempolve” es el del mandato constitucional recogido en el TÍTULO VI que en su artículo 122 dispone: 

Más incisivo si cabe que “El País”, “Público” remachaba su exposición con esta facundia:

“A partir de 1986, con el socialista Felipe González al frente del Gobierno, esos 12 magistrados pasaron a ser elegidos también por las Cámaras, es decir, por la soberanía popular. Este método de elección fue retocado en 2001 con Aznar en el Gobierno. Desde entonces esos 12 miembros son elegidos por el Parlamento a partir de una propuesta de los magistrados. Con la reforma legal anunciada ayer, el Parlamento cede la soberanía a los jueces, un colectivo mayoritariamente conservador.”

Dejando al margen las opiniones de Gaspar Llamazares y Emilio Olabarría- tan elocuentes como esperadas por otra parte en las formaciones políticas por las que hablan- es de destacar la que el exministro Ramón Jáuregui expresaba en el post que el pasado 30 publicaba en su blog, . Aunque el enlace queda expedito para el lector meticuloso, cabe destacar un párrafo que ilumina el pensamiento político sobre el Estado de Derecho y la Libertad procedente de la luminaria socialista:

“[…]Bajo la ambiciosa expresión de regenerar la democracia, el Gobierno nos incluye una propuesta que ha sido recibida con alborozo por la derecha mediática: privar al Parlamento de la elección del Consejo del Poder Judicial. Por lo visto, el Parlamento contamina e intoxica al entrometerse en el sacrosanto e inviolable mundo de los jueces. Discutiremos sobre esta medida en su momento y sobre las intenciones ocultas de configurar un Poder Judicial corporativo, ajeno a la soberanía popular[…]”

Resultaría inútil pretender que Jáuregui dijese la verdad sobre el asunto- esto es que la Constitución establece que la mayoría de los miembros del CGPJ deben ser nombrados por los propios jueces-; tan inútil como que él y los “suyos” creyesen en el principio de la división de poderes en el Estado Moderno. Y es que la necesidad- como decía Montesquieu- de que por la disposición de las cosas el poder contrarreste al poder no tiene cabida en quienes encenagados de una política sectaria hacen de lo palmario afrenta.

En opuesta bancada, Gabriel Albiac le dedica a este tema su columna de “ABC” del pasado 30 de enero bajo el epígrafe “El retorno de Montesquieu” con este párrafo demoledor:

“[…]La autonomía de los poderes del Estado es condición mínima. Sin la cual no hay democracia. Cuando Sieyès formula que una sociedad que no garantiza la separación antagónica de los poderes no tiene constitución, nace el mundo moderno. Quienes lo escuchan en 1789 lo saben: el Viejo Régimen reposaba sobre el control regio de los tribunales. Dotar al Nuevo de una potestad similar, sería forjar otra variedad de despotismo. Desposeer a quien gobierna —y a los políticos en general— de cualquier potestad sobre los jueces es el único modo de evitar que blinden su impunidad frente a los ciudadanos. No es la democracia. Es su condición previa[…]”

El filósofo valenciano ya se ocupaba del atropello que supuso la “Ley Orgánica del Poder Judicial” de 1985 en el ya lejano año 97, cuando el PP acababa de ganar las elecciones generales por mayoría simple. La advertencia del profesor de la Complutense tuvo en Aznar tal acogida que tras la mayoría absoluta del año 2000 su entonces ministro de Justicia, Michavila, firmó con López Aguilar del Partido Socialista el llamado “Pacto por la Justicia” que venía a machihembrar el ataúd de Montesquieu cuya muerte ya había proclamado Alfonso Guerra en el 85 con la promulgación de la nefanda ley.

Inmisericorde con los socialistas en general y con Ramón Jáuregui en particular, José García Domínguez carga en su artículo de “Libertad Digital” del pasado día 25 contra lo que él denomina la “retroprogresía”que se rasga las vestiduras ante la futura independencia de la Justicia: 

“[…] Así el ex ministro Jáuregui, ese hijo putativo del cura Merino, que ya ha amenazado con echarse al monte junto a su partida caso de que el proyecto gubernamental siga adelante. Nada extraño si se repara en que la labor de impartir justicia fue una competencia más del poder ejecutivo hasta bien entrado el siglo XIX. Al cabo, el principio constitucional  –inconcebible para el criptocarlistón Jáuregui– de que un brazo independiente del Estado deba asumir ese cometido no es mucho más moderno el bidet o los cuartos de baño[…]

Refresca mucho nuestra memoria leer la última carta dominical de Pedrojota, “El desguace del Azor”, de la que entresaco estos dos párrafos:

“[…]La firme y sonora dimisión de Boyer en aquellos primeros días de julio de 1985 zanjó la cuestión y dejó el camino expedito para que Guerra consumara la agenda intervencionista que ya había ido desplegando, a base de sustituir la separación de poderes -no en vano acababa de proclamar la «muerte» de Montesquieu- por la supeditación del legislativo y el judicial al ejecutivo a partir de un común origen partidista. Pese a que juristas de tanto renombre como variada adscripción advirtieron que eso suponía reproducir la tristemente célebre gleichstaltung o «coordinación de poderes» aplicada por los nazis, Guerra siguió adelante y perpetró la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hasta entonces aplicaba en su literalidad el precepto constitucional por el que ocho de los 20 vocales del Consejo General eran elegidos por el Parlamento y los otros 12 directamente «entre jueces y magistrados». 

Burlándose del ánimo de los legisladores, Guerra argumentó que la Constitución no impedía que aunque esos vocales siguieran procediendo de la carrera judicial, también fueran elegidos por el Congreso y Senado. Un amedrentado Tribunal Constitucional, al que se le acababa de doblar la mano en el caso Rumasa, terminó dando por buena la trampa saducea, balbuceando que, si bien el sistema anterior era preferible, el nuevo también cabía en nuestra Carta Magna. Es significativo que así como la izquierdista Jueces para la Democracia se opuso, junto a las demás asociaciones judiciales, a esa usurpación de sus competencias, la Alianza Popular de Fraga -imbuida de la vieja visión estatista de la derecha autoritaria- terminó votando a favor de la reforma, a cambio de controlar a los vocales de la minoría[…]” 

“[…]Aún hoy me regodeo recordando la noticia que el día 25 de aquel julio del 85 transmitió lacónicamente la agencia Efe: «El presidente del Gobierno, Felipe González, y su familia iniciaron ayer un pequeño crucero por la costa portuguesa a bordo del yate Azor, de la Armada española, que fue utilizado habitualmente por el anterior Jefe del Estado». Muchos nos frotamos los ojos con estupefacción: ¡Felipe en el yate de Franco! Increíble pero cierto[…]” 

“[…]Umbral solía decir que mientras el Azor siguiera por ahí como un centinela varado vigilándonos a todos, la Transición no habría terminado de verdad. Su admirado Rajoy podría, pues, resumir perfectamente el sentido de su paquete de iniciativas políticas en la próxima comparecencia parlamentaria: señorías, hemos decidido desmantelar el puto barco.” 

“¿Qué fue del franquismo?” era la pregunta de aquel lejano debate televisivo de la Primera -1997-moderado por el periodista Luis Herrero, al que no se le ocurrió mejor idea que reunir entre otros en una mesa al politólogo Antonio García Trevijano y al folósofo Gabriel Albiac, ambos colaboradores por entonces del diario “El Mundo”.

El notario granadino aseguró en la tertulia que en España “se vota, pero no se elige” y que la actual Monarquía “no es constitucional, sino parlamentaria”; mientras que el catedrático de la Complutense no tuvo reparo alguno en aseverar, entre otras cosas, que el “felipismo”es “el estadio superior del franquismo”, afirmación que pudo desarrollar días más tarde en su columna del periódico dirigido por Ramírez. 

Al final el desguace del yate del dictador que descansó durante años en un complejo hostelero de la carretera Burgos- Madrid, le ha correspondido efectivamente no a S. de Santamaría ni a Gallardón- que dicho sea de paso debió ser el primer sorprendido por ésta y por el resto de los reformas  que atañen a su departamento- sino a Rajoy, ese eterno segundón, tantas veces denostado en este blog como mero lector de discursos en el parlamento, sin que pareciese “llegar” debidamente a rematar la faena, si exceptuamos aquella respuesta parlamentaria que le dedicó  a un mohíno Ibarretxe en respuesta a su disparatado plan secesionista. Rajoy, quien ya en enero de 2011 y en una entrevista en el diario “El Mundo” le respondía a Victoria Prego en los siguientes términos:

“[…]P.- ¿Recuperará el sistema antiguo de elección de vocales del CGPJ?

R.- Nosotros defendemos que sean los jueces los que elijan a sus vocales en el CGPJ. En su día renunciamos a imponer nuestra posición en aras de un pacto con el PSOE y luego ya sabemos lo que hizo este Gobierno con ese pacto. Yo sigo creyendo que debemos volver al proceso previsto en la Constitución[…]”

La política de oídos sordos de la que en materia de justicia había hecho gala Aznar con su mayoría absoluta parece haberle servido de lección a don Mariano; como lo ha sido entre otros pronunciamientos  ese “ Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial”, apoyado por 1500 jueces el año pasado.

Pásalo.

De todos los elogios que ha recibido el Rey por parte de los medios, tras su discurso del día de Nochebuena, quiero referirme a uno por su especial significación: el del panegírico envuelto en editorial publicado por el diario El Mundo el pasado día 26 bajo el título El Rey avala la “reacción” contra la conducta “irregular” de Urdangarín.

Ya desborda entusiasmo el inicio: “La valentía del Rey de utilizar su mensaje de Nochebuena a los españoles para fijar su postura en relación al comportamiento de su yerno Iñaki Urdangarin ha sido muy bien acogida por los ciudadanos” , propio de quien es capaz de pulsar en veinticuatro horas el sentir laudatorio de la calle a favor del Monarca.

Y se mantiene más adelante  resaltando lo que para el diario de Pedrojota  “puede ser la frase más valiosa de su discurso[el del Rey]”:  “Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética es natural que la sociedad reaccione” ; palabras que El Mundo recibía en este sentido como espaldarazo a la línea de opinión desplegada en sus páginas desde el inicio del escándalo.

Para apuntalar más si cabe la figura del actual Jefe del Estado en medio de esta barahúnda, el editorialista carga sin contemplaciones contra los representantes de los principales partidos, quienes[ por lo visto ] a pesar de su reconocimiento a las palabras de don Juan Carlos, no han querido hacer de las mismas un examen de conciencia sobre los comportamientos habidos en sus organizaciones ante las graves irregularidades que deben afrontar en estos momentos algunos de sus miembros.

Para que no resultase excesiva la dosis de almibaración, un poco de acíbar no viene mal en el compuesto para dar el tono agridulce preciso al editorial:

“Es verdad que se pueden poner peros a las palabras de Don Juan Carlos. Tal y como hemos publicado, la Casa del Rey supo en su día de las actividades de Urdangarin y se limitó a pedirle que se apartara de ese tipo de negocios y a recomendarle que se alejara de España.[…]”

Mas, sin pasarse mucho, volviendo rápidamente a lo melifluo en una subordinada adversativa con la que vuelve a hacer de su propia opinión el sentir general de la gente, continúa el editorial:

“Pero la sensación mayoritaria tanto en la calle como en internet es que el Rey ha pasado el examen y se aplaude su coraje de dar la cara. Su referencia a la conducta ejemplar del Príncipe como garante del papel de la Corona fue un acierto realizado por la vía del contraste.[…]”

Este mismo periódico publicaba el pasado 18 de diciembre y  bajo el título “La Casa Real pone aún más en evidencia a Urdangarin”, un editorial con párrafos tan contundentes como el que sigue: 

“Zarzuela no ha explicado por qué cuando supo de las andanzas de Urdangarin se limitó a pedirle que abandonara España sin tan siquiera instarle a devolver el dinero público desviado a su bolsillo. El anterior jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, debería aclarar públicamente su proceder de entonces. Y hay otras decisiones más recientes que tampoco se entienden. Por ejemplo, la felicitación de Navidad colgada en la web en la que Iñaki Urdangarin aparece junto a la Infanta Cristina y sus hijos en las escaleras de La Zarzuela. Es posible que se trate de un error, pero tampoco sería improbable que estos pasos hacia adelante y hacia atrás -separamos al duque de la Casa, pero no mucho- se deban a las discrepancias de criterio de los distintos miembros de la Familia Real para hacer frente al caso”

La dulcificación posterior en la línea editorial parece responder a lo que ya ese mismo día 18 apuntaba el articulista Carlos Segovia en el suplemento “MERCADOS”: crear las condiciones para que alrededor de la Corona se estableciera una especie de cortafuegos que dejase a salvo a la Institución. Tras la condena moral a Urdangarín por parte del Jefe de la Casa del Rey, las mas atinadas plumas de la opinión así se apresuraron a definir la acción del Monarca, tanto con su discurso navideño  como con el que dirigió a los parlamentarios españoles en el acto solemne de apertura de la X legislatura en el viejo palacio de las Cortes : un “cortafuegos”. Es decir, poner a salvo a la Institución que encarna Juan Carlos de Borbón, incluido el Príncipe heredero, dejando al yernísimo a los pies de los caballos. A tal empresa se han apresurado a sumarse todos los que parecían haberse retirado en los últimos tiempos de la obra de apuntalamiento a la Monarquía, con la Izquierda a la cabeza, y han corrido prestos con mangueras de agua a enfriar el terreno sobre el que ya llevaba lloviendo treinta años. 

Tristemente, todo hay que decirlo, el mejor cortafuegos del Rey es la ensoñación de la Segunda República por parte de los que tanto tratan de escenificar lo que sólo fue el preludio del horror – si no el horror mismo- y que ha calado en el imaginario español como simbología de lo irrepetible. El antídoto contra la falta de libertades que supuso aquel régimen es la imagen de Cayo Lara envuelto en su enseña tricolor vindicando el advenimiento de la Tercera aunque invocando a la Segunda en su simbología, y suponemos que en algo más. Por si ello fuera poco, y sin que sea necesario entrar en los detalles que dejo a la reflexión del lector, hace tiempo ya que los españoles renunciaron a su soberanía, y encontraron en el armiño del Rey el cobijo ideal para el olvido de su desistimiento. Un pueblo así difícilmente puede asumir  un sistema de responsabilidad como la República, aunque ello le viniese a reportar la plenitud en sus libertades políticas. Es una suerte de “Servidumbre Voluntaria” en la que los españoles viven “acomodados” sin ningún tipo de compromiso.

Entre las virtudes de Alfonso Guerra no están ni el sentido del humor con la prensa ni el respeto a quienes considera sus adversarios cuando se le va la boca en los mítines.

El otro día, ante la pregunta de los periodistas sobre su parecer en relación con las palabras de José Bono, “El PSOE[ tras el resultado obtenido por su partido en las últimas elecciones] debe apostar a la grande y no a la chica”, el ex vice todo, con su característica cara de tabla ante los informadores, no tuvo otra respuesta que: “Yo nunca he jugado a las cartas. No sé lo que es eso”.

De la consideración hacia sus contrincantes dio muestra por enésima vez el pasado día 5 en un mitin de campaña en Dos Hermanas. Aznar, Rajoy, la Iglesia y la banca siguen siendo los antagonistas contra los que no escatima epítetos; aunque fueron los banqueros quienes cosecharon las mejores frases de Guerra frente a las enfervorizadas masas socialistas. Desconozco si ya entonces el ex presidente de la Comisión Constitucional del Congreso sabía que veinte días después el Gobierno en funciones de su propio partido habría de indultar al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, condenado por el Tribunal Supremo a tres meses de prisión, multa e inhabilitación para el ejercicio de su oficio de banquero durante ese periodo. Yo me inclino a pensar que sí era conocedor del asunto y que sus manifestaciones mitineras en Sevilla no fueron sino un ejercicio más de cinismo e impudicia políticos, a los que por otra parte ya nos tiene acostumbrados.

Fue el Supremo, como digo, el que el pasado mes de marzo condenó al “número dos” de la entidad presidida por Emilio Botín por un delito de denuncia falsa cometido en 1994 contra unos deudores de Banesto.

El Partido Popular, ganador de las últimas elecciones legislativas, tratando de ponerle la proa al partido en el poder, criticó esta decisión destacando el hecho de que “el Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero haya indultado al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, y no haya tenido “una muestra de compasión y humanidad” similar con Miguel Montes, el preso más antiguo de España.

Nacho Uriarte, diputado del PP, reclamó a Zapatero que, “en los pocos consejos de ministros que le quedan como presidente, demuestre un último sentimiento de humanidad” e indulte a Miguel Montes, puesto que “se merece poder vivir unos años en libertad”.

Dentro de la coalición de Izquierda Unida hay calificativos para todos los gustos. Así, su diputado electo al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga y miembro del Movimiento 15-M, Alberto Garzón, ha criticado la decisión del Gobierno en funciones de conceder el indulto al consejero delegado del Grupo Santander: “Lo estoy viendo. Indultar banqueros es de izquierdas, nuevo lema del PSOE”. Y su coordinador general, Cayo Lara, considera que la decisión del “Consejo de Ministros en funciones” de indultar a Alfredo Sáenz, “es otra de las muchas genuflexiones” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ante la banca. Sorprenden las manifestaciones de la izquierda del PCE en este asunto, máxime las que hablan de “genuflexiones”, cuando  tantas veces apuntaló al actual Gobierno en sus actuaciones. Cabe destacar la votación de este grupo de izquierdas en el Congreso en contra de la reprobación a Manuel Chaves, implicado directa e indirectamente en múltiples escándalos referidos a su gestión al frente de la Junta de Andalucía, agravados por su negativa a dar explicaciones en el Parlamento. En aquella ocasión IU fue el único grupo que dio su apoyo al PSOE. Y es que el sino del PCE desde la Transición fue ser apéndice de los socialistas incluso en resoluciones como la ya mencionada que trascienden la ideología, aunque, ciertamente, no el sectarismo; con la única excepción del interregno de Julio Anguita. Aunque el desprecio hacia “los comunistas” era ya patente por parte del felipismo, fue a partir de la famosa “pinza” con el PP de Aznar cuando la displicencia se ahondó en rencor por parte de la vieja guardia socialista. Y así- Roma no paga traidores- en el mitin de Guerra hubo tiempo también para que don Alfonso hiciese una referencia expresa al derribo del muro de Berlín por parte del mundo libre del que el PSOE se considera parte fundamental, a diferencia de otros a los que parece considerar herederos de quienes al otro lado masacraban la libertad.